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Jueza que liberó a los francotiradores del Golpe de Estado en Venezuela encarceló a Julián Conrado

Por Arturo Ramos R. // Coordinadora “QUE NO CALLE EL CANTOR” / FUNDALATIN

Como advertíamos el año pasado, el caso Julián Conrado se convirtió en un ventilador que no para de develar las aberraciones represivas y judiciales del gobierno colombiano. Progresivamente, error tras error, el gobierno de Santos, en su obsesión parapolicial de reeditar el Plan Cóndor, fue embarrando al gobierno venezolano en el inventario de truculencias con las cuales combate a la disidencia política (armada o no). En buena medida, tal embarre fue posible por las inconsistencias y contradicciones propias del gobierno revolucionario, atrapado en las circunstancias temporales de una “buena vecindad” mal entendida, evidenciando a la vez las fallas que la gesta bolivariana arrastra y aún está por saldar.

El ventilador sigue prendido. Este 10 de abril en la sesión de la Asamblea Nacional que debatió el golpe del 2002, el compatriota Darío Vivas nos recordó que la jueza Norma Diva Ceiba Torres, para entonces Juez Penal Accidental y hoy a cargo del Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Área Metropolitana, liberó a los francotiradores: Luis Arturo Meneses, Roberto Francisco Mainay, Nelson Enrique Rosales, José Meneses Quintero, Roger de Jesús Miquilena (identidad falsa), John Carlos Muñoz Garzón (colombiano) y Franklin Manuel Rodríguez;  todos ellos capturados el 11A en la habitación 808, piso 8, del hotel Ausonia, donde se colectaron cartuchos de fusiles y de pistolas 9 milímetros; fueron llevados al Palacio de Miraflores, entregados al Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ, hoy Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC) y el Ministerio Público les asignó un fiscal. La compatriota  Norma Diva, aun siendo capturados con las manos en las armas, con suficientes pruebas y experticias que lo incriminaban, los puso en libertad sin restricciones, a las pocas horas de haber sido detenidos. Lo que asombra no es el hecho en si mismo, entendido como un horror más de la gigantesca conspiración del año 2002, a la que se sumaron en el momento (por complicidad reaccionaria o simple cagazón burocrática) una importante cohorte de altos funcionarios estatales, sino que la mencionada jueza siga, como si nada, en su carrera judicial constante y sonante, administrando “justicia”. El asunto no es menudo, si se cae en cuenta de que de los presuntos asesinos liberados por la jueza dependía la determinación de los principales responsables intelectuales de la masacre o, mejor dicho, de sus nombres específicos, pues basta darle un vistazo actualmente a las repugnantes declaraciones de los personeros políticos de oposición o calarse la enajenante información al respecto de los medios privados, insistentes en justificar el carmonazo y evadir de forma idiota su responsabilidad, para ratificar de donde vinieron los dólares que pagaron los asesinatos de Puente Llaguno.

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Santos en La Habana / “Intereses de Estado” vs. Derecho de Asilo y el DIH

 

Por Tamanaco de la Torre

Pensé mucho en hacer esta nota. En el fondo creo que lo pensé tanto, porque de alguna manera cedí al chantaje estatal, de adulantes “compasivos” con la enfermedad de nuestro líder el Comandante Hugo Chávez. Falsa aprensión, porque yo no tengo que demostrarle a nadie la lealtad y consecuencia con la revolución y su imprescindible Líder. Lo amamos, y sabemos que él asume, como siempre lo ha hecho, con dignidad y constancia, también esta batalla por su salud junto a su pueblo, llamando a la critica y la unidad, para despecho y vergüenza de las(os) focas que solo saben aplaudir y abrir la boca para que le tiren el diezmo del que se creen acreedores.

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