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DIputados y dirigentes del PSUV solicitan libertad y asilo para Julián Conrado

 

Luego del último pronunciamiento de José Vicente Rangel, solicitando al gobierno nacional, solucionar el “caso Julián Conrado”, quién permanece por más de dos años detenido injusta e ilegalmente, crece la solidaridad manifiesta con el cantor del pueblo colombiano, Guillermo Enrique Torres Cueter, el Alí Primera colombiano.

Una delegación de diputados(as) del PSUV, encabezada por La Chiche Manaure, José Ávila, Julio Chávez y Gabriel Hernández, en representación de los estados Falcón, Carabobo, Lara y Mérida respectivamente, visitó en su “Carraca” al trovador Conrado, perseguido para la tortura y la muerte, por el criminal gobierno colombiano de SantosOTAN, quien infructuosa e infelizmente lo ha exhibido “muerto”, en varias oportunidades fallidas, en las que ha bombardeado y ametrallado las zonas campesinas en las que Julián se encontraba. A esta visita se sumaron mensajes de otros colegas, como el diputado por Caracas, Freddy Bernal, quienes también expresaron su solidaridad y apoyo para continuar exigiendo la Libertad y Asilo para “que no calle al cantor”.

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Sigue el apoyo Internacional por la Libertad y Asilo de Julián Conrado

2011-10-07 10.47.20

En el marco de la celebración por la continuidad de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA el día 27 de Agosto, se hizo un paréntesis para brindar apoyo por la libertad y Asilo del cantautor de la libertad colombiana y nuestra americana Julián Conrado. Virginia King integrante de la coordinadora Que No Calle El Cantor (Venezuela), se dirigió a los asistentes para ilustrar el status de privación de libertad de Conrado enterritorio venezolano.

 

El cantautor argentino Juan Cruz interpreto una canción de la autoría de Julián titulada “El Cantor”, no sin antes mencionar “la necesidad de consolidar un bloque latinoamericano de cultores de todas las manifestaciones, que de forma cohesionada pueda hacer frente a situaciones tan indignas como la que vive nuestro hermano Julián Conrado, solo unidos podremos ser invencibles”. Por su parte el poeta Víctor Pajarito Cuello, declamo un poema dedicado al que el llamo “su hermano de lucha y de ideas”.

 

Los asistentes al acto ávidos de información sobre el personaje objeto del acto de solidaridad, solicitaron a las autoridades de la Catedra Americanista, la realización de un foro sobre la vida y obra de Julián Conrado.El mismo fue pautado para el día 6 de Septiembre a las 7 de la noche hora de Argentina en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de esa casa de estudios.

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2da parte: Julián Conrado habla en exclusiva desde la cárcel (+Video)

APORREA

“Yo soy el cantante del pueblo
Yo soy quien defiende a la población
allá donde no llega el gobierno
allá es donde nace mi triste canción

Yo soy quien les escucho su llanto
y con ellos comparto su necesidad
y mejor le pedimos a los santos
porque el que está gobernando creo que es por no dejar

La Ley del embudo
lo ancho pa’ ellos y lo angosto pa’ uno
La Ley de la ballena
Lo angosto pa’ uno y lo ancho pa’ ella”

La ley del embudo
Hernando Marín

Agosto 08 de 2013.- Julián Conrado se presentó anoche en el teatro Principal, lo acompañaban en esta primera presentación en el país, Sandino y Florentino Primera, La Chiche y Alí Manaure,  el Trovador de Vargas,  Sol Mussette y todos los cantantes que siempre lo acompañaron durante su encierro. En un emotivo acto, la gente coreó sus canciones más populares,  El canto del pajarito, Supermán, Venezuela linda, La ley del embudo ,entre muchos  de los temas interpretados por el trovador colombiano. El teatro estaba repleto de gente, no cabía un alma más, mucha gente se quedó afuera con ganas de ver a este cantautor revolucionario.

El concierto tuvo picos apoteósicos cuando interpretó, El Orinoco y el Magdalena se abrazarán,  mientras cantaba, la gente comenzó a bailar y a aplaudir a este gigante de la canción vallenata.

Por supuesto, que esto es un desliz imaginario, un deseo escapado de las inmensas ganas que tiene el pueblo de ver a Julián libre. Julián sigue preso, a la deriva jurídica,  y todos  a la expectativa, contando los días para verlo cantar donde él merece estar, libre con el pueblo.

En esta segunda entrega, Julián Conrado interpreta canciones de famosos vallenateros, como Hernando Marín y Leandro Díaz, y nos habla de la  historia de este ritmo, dictando una clase de etnomusicología, cuyos orígenes, remarca, nacen del lamento del pueblo humilde y campesino.

Luego,  en su hilvanar de historias y recuerdos, gira y avanza en un recorrido del duro camino de la izquierda en Colombia, de la Unión Patriótica con todos los caídos; de aquella decisión, de dejar todo sin mirar atrás, no le quedaba otra opción sino irse a la montaña,  sin saber agarrar un fusil.

Julián tuvo que salir de su pueblo, por cantar las verdades sobre la injusticia y la corrupción, como refiere él mismo,  “Fui preso por decir la verdad.”

Con profunda emoción, él nos cuenta sobre su amigo, el médico y cantante, Julián Conrado, quien fue asesinado por ayudar a los más pobres. En honor a él, Guillermo Enrique Torres Cueto, toma su nombre para ser el cantante que interpreta el dolor y la lucha de los pueblos del mundo.

2da parte

 

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(VIDEO) Entrevista exclusiva a Julián Conrado desde “la Carraca”: En Colombia decir la verdad es subversión

APORREA

“Y fui llenando con flores 
a mi fusil de poemas


y afiné la puntería 
del canto contra las bestias 


fui sumando corazones 
para vencer madrigueras


al llenarme los rumores 
del volantín cuando vuela”

 

Alí Primera

Canción para acordarme

Agosto 04 de 2013.- En los días más soleados de junio, la gente transitaba por la ciudad de Caracas con sus tareas, sueños y rituales a cuestas; desde algunos rincones de la ciudad se dejaban escuchar lamentos del vallenato, que le cantan al amor despechado o al amor que no se deja enamorar, pero en gran medida, ajenos al canto profundo y valiente del vallenato revolucionario, al canto del cantautor colombiano, Guillermo Torres Cueto, mejor conocido como “Julián Conrado”, quien nos ofreció, en exclusiva para Aporrea, una entrevista desde su “Carraca”, en la cual nos revela gran parte de su vida, desde sus inicios en su pueblo, Turbaco.

Conrado, asemeja a un quijote costeño, por su gran estatura, delgadez y sentido de justicia. Él nos habla de las historias de su pueblo con nostalgia; sus palabras surgen entre la poesía y la palabra sencilla como nos confiesa: “Mi lenguaje es la yuca con pescao” y se apasiona cuando habla de Bolívar, Chávez y La Pola; de la vida, de las luchas, del amor revolucionario y de su apego a la paz, pero con justicia.

Entre el canto y el relato, nos confiesa: “Yo no puedo ser feliz si mi pueblo está sufriendo” y “Yo soy un perseguido cantor de los pobres de la tierra”, en cuanto a su situación, expresa que solo desea ser libre para andar y cantar, ahora, como dice Conrado, “sin tantos perendengues” y “más ná”. La entrevista:

Primera entrega de tres partes de esta entrevista

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Déjense de pendejadas; Julián Conrado, tiene que estar preso

Liberemos a Alí, Liberemos a Julián

Afiche del año 2012

Por: José Antonio Velásquez Montaño

 

Su nombre de pila Guillermo Enrique Torres Cueter, pero su nombre de guerra, su nombre revolucionario es Julián Conrado. Trovador del canto nuestroamericano capturado y privado ilegalmente de libertad el 31 de mayo de 2011, en tierras de Bolívar, en la Barinas que vio nacer a nuestro eterno y amado comandante Supremo Hugo Chávez. Cuando fue apresado tenía 56 años de edad. Hoy, a dos (2) años, un (1) mes, dieciocho días (18) privado de libertad ilegalmente, pedimos su liberación. Es pública y notoria la situación de complicidad e ilegalidad entre “autoridades” colombianas y venezolanas para mantener tras las rejas el canto revolucionario de Julián Conrado.

 

Han pasado ya dos (2) años, un (1) mes, dieciocho días (18), desde aquellos días negros en que la represión de las “autoridades” colombianas y venezolanas comenzaron a marcar negativamente la vida del camarada, del Trovador del canto nuestroamericano Julián Conrado. ¿Qué sucede cuando desaparecen a Julián Conrado? ¿Quiere Colombia involucrar a Venezuela con sus falso positivo? ¿Qué negociaciones se jugaron con la captura del trovador? Camaradas, para el que no lo sepa, un comando colombo-venezolano fue quien secuestró, esposó y vendó sus ojos durante 7 días. De repente apareció en la Dirección de Inteligencia Militar -DIM- en Caracas, Venezuela.

 

Han pasado ya dos (2) años, un (1) mes, dieciocho días (18), y sin embargo parece que fuera ayer que el Trovador del canto nuestroamericano Julián Conrado, fue ilegalmente privado de libertad. Cientos de miles de colombianos, Sigue leyendo

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Defensa de Julián Conrado emplaza al TSJ y al gobierno venezolano

Defensa de Julián Conrado emplaza al Tribunal Supremo de Justicia y al gobierno venezolano.

Por: Freddy Gutiérrez Trejo

Emplazamos al Tribunal Supremo de Justicia para que ordene la libertad inmediata de Julián Conrado, habida cuenta de que ha sido injusta la medida de privación de la libertad que ha recaído en su contra. Ha sido ilegalmente capturado, y preso durante más de dos años, y arbitrariamente manejada su causa, toda vez que las acciones consecutivas que se han llevado en su contra,  no tienen ninguna base en los hechos que se le endilgan, ni en ninguna norma nacional o internacionalmente aplicable.

El emplazamiento que se ha formalizado por las horas que corren, no es una súplica, ni rogatoria, ni nada parecido. Se trata de una interpelación al estado venezolano para que cumpla con su deber, aplique las normas sobre las cuales fundamenta sus actos, y honre con sus decisiones  los principios rectores de los que hace alarde todos los santos días. En efecto, por estos días no hay funcionario público de alto o bajo rango desde dentro o fuera del país, que no exponga con fruición queVenezuela no tiene presos políticos, y que el respeto al derecho al asilo diplomático o territorial es norma sagrada.

Julián Conrado es un preso político que está encerrado en una cárcel venezolana. No estamos hablando de un estafador, ni de un agresor de discapacitados en sillas de ruedas, ni de un homicida, ni de un narcotraficante, y mucho menos de un terrorista que se solaza acariciando la violencia, y desencadenándola a diestra y siniestra, como se le ocurrió decir, alucinando, a un ministro de algún despacho, cuyo nombre cambia tanto, que la memoria, individual o colectiva lo reduce al olvido.

No crean que estoy diciendo que Julián es un caramelito tropical, o que es un monaguillo con vocación sacerdotal tardía, ni que está propenso a una beatificación en vida. De ninguna manera. Es un político que se curtió pegando afiches en Turbaco, su tierra natal, que llevó pancartas encabezando manifestaciones, que contribuyó a crear sindicatos de trabajadores, organizaciones campesinas y movimientos sociales.

Julián, en esos ajetreos, fue seguido, perseguido ferozmente, y entonces se hizo militante de la Unión Patriótica, asociación política que se convirtió en una verdadera alternativa de poder que amenazaba con desplazar a la clase política que ha gobernado durante más de doscientos años a Colombia. Acto seguido, a esa organización la diezmaron; muchos de sus hombres tuvieron que salir del país, otros fueron injustamente presos, otros desaparecidos, mil seiscientos dirigentes asesinados y, en el marco de esas circunstancias, un contingente escogió otras vías para sobrevivir.

Julián no solo sobrevivió esa masacre. También sobrevivió otras, entre ellas la de Sucumbíos, territorio ecuatoriano colindante con Colombia, que fue bombardeado sin misericordia, y esto provocó problemas internacionales de todo tipo. Él estaba en ese sitio, no tan cerca como para morir ese día, ni tan lejos como para no salir afectado: quedó seriamente lesionado de la audición. Sin embargo, esto no le impidió seguir escribiendo canciones, tocar la guitarra, seguir siendo trovador, y comentador de los aconteceres de su tierra. Aún preso sigue en estos oficios, y esto ha provocado que sus mejores defensores sean la organización de músicos “Que no Calle el Cantor”, y FUNDALATIN, de la Teología de la Liberación, organización defensora de los olvidados de la justicia, los excluidos de la prosperidad y los mutilados de la palabra.

El escrito de emplazamiento se ha presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia, avanzando los argumentos de hecho y de derecho que respaldan la petición planteada. Se trata de un escrito sobrio que cumple los requisitos de fondo, forma y oportunidad exigidos. Se presentó, con la esperanza de que el órgano jurisdiccional honre principios y normas que gobiernan los valores de la Libertad y el Asilo en el caso concreto de Julián Conrado. No se trata de abstracciones. Mediante la presentación del escrito que adjunto, se aspira que estos valores no sean comodines de uso de oportunistas en momentos especiales, ni palabras huecas en discursos de cualquier politicastro de tarima improvisada.

El Tribunal Supremo de Justicia tiene la palabra.

freddygutie@gmail.com

EMPLAZAMIENTO

Ciudadana:

Deyanira Nieves Bastidas

Presidenta y Magistrados de la

Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia

Su Despacho.-

En dos ocasiones fuimos convocados por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia para asistir a la audiencia oral que establece nuestro Código Orgánico Procesal Penal, a los efectos de exponer nuestros alegatos respecto a la procedencia o improcedencia de la solicitud de extradición del Señor Guillermo Enrique Torres Cuéter, conocido socialmente como Julián Conrado, a quien llamaremos por cualquiera de estos dos  nombres en este escrito, de nacionalidad colombiana, con cédula de ciudadanía 9.281.858, dicha solicitud que, como es del dominio público, ha planteado el ilustrado Estado de Colombia a la República Bolivariana de Venezuela. Como se sabe y así está plasmado en el expediente, las dos audiencias fueron suspendidas a la víspera de su realización, y nunca se fijó fecha cierta para que la misma se concretara.

Hemos examinado con la mayor atención la causa planteada, desde el momento de la captura, el desenvolvimiento de la privación de su libertad, los actos que envuelven los procedimientos administrativos que se han verificado en los organismos de seguridad del Estado, lo asociado con  los actos procesales en tribunales de diferentes instancias, y lo concerniente a la Fiscalía General de la República  hasta su pronunciamiento, el cual concluye declarando la improcedencia del acto de extradición. El momento actual, nos encuentra con una persona privada ilegítimamente de la libertad, con una solicitud de extradición formalizada por el Ilustrado estado colombiano, y colateralmente por el ilustrado Estado de los Estados Unidos de América, solicitudes a todas luces inaceptables en buen derecho por el Estado venezolano. Por nuestra parte, estamos seguros que Julián Conrado está actualmente en las condiciones para solicitar la libertad plena, y con los atributos para solicitar asilo, como en efecto se ha hecho, pero que todavía no ha sido concedido.

ADHESIÓN AL ESCRITO FISCAL Y UNA NOTA

Adherimos en el orden sustancial los fundamentos planteados por la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela el 17 de enero del pasado año, y la categórica conclusión de la improcedencia de la extradición solicitada, habida cuenta de que no se encuentran satisfechos los extremos legales predispuestos en la legislación nacional, y tampoco en los acuerdos internacionales que libremente ha suscrito la República.

Por nuestra parte, se impone presentar ante la Sala de Casación Penal de nuestro Tribunal Supremo de Justicia los alegatos correspondientes a este juicio de extradición, asociados al  Estado requerido, los Estados requirentes, a la persona requerida y a los hechos por los cuales se le requiere y, por supuesto, a las necesarias conclusiones y peticiones que permitan al máximo tribunal cerrar esta causa con la única sentencia constitucionalmente viable y ejecutable que está asociada a la orden de libertad, la improcedencia de la extradición y, dadas las circunstancias del caso, impulsar al Poder Ejecutivo para que otorgue el Asilo con base en los argumentos de hecho y de derecho que enseguida se adelantan.

SOBRE EL ESTADO REQUERIDO

La República Bolivariana de Venezuela plasma en la Constitución de 1999, los valores, principios y normas sobre los cuales funda sus desenvolvimientos, de tal modo, que el caso bajo consideración se argumentará sin salirnos de esas bases pre-establecidas. El Artículo 2 nos ofrece luces sobre la materia:

Constitución Nacional. Art. 2.- Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Tenemos que destacar dos cosas: Nos constituimos como un Estado de Derecho y de Justicia, esto es, estamos subordinados a las reglas establecidas en el andamiaje legal que el pueblo mediante sus representantes han acordado y han sido promulgadas como está previsto en las normas sobre la formación de las leyes, y en el mismo orden, naturaleza y rango, se estableció la Justicia, que además de ser un valor, queda establecida como norma positiva de aplicación constitucional directa e inmediata. Se trata de un modo superior de concebir y aplicar el derecho.

Además, se estableció en la misma norma, la preeminencia de los derechos humanos, esto es, en el orden de la filosofía de vida de la República, tener como centro al hombre y las circunstancias en las que vive y, en una mejor inteligencia de la materia, rescatar lo mejor de la doctrina, la jurisprudencia, las buenas prácticas y las regulaciones que sitúan al hombre como centro en el cual convergen las líneas de diferentes procedencias para su protección y realización, y asimismo, la protección y realización de sus semejantes.

En este orden de ideas se impone, inexorablemente, invocar y resaltar el vetusto pero vigente Acuerdo Bolivariano sobre Extradición de 1911 ratificado por Venezuela el 19 de diciembre de 1914  que, en su artículo IV,  dispone:

No se acordará la extradición de ningún prófugo criminal si el hecho por el cual se pide se considera en el Estado requerido como delito político o hecho conexo con él y ninguna persona entregada por cualquiera de los Estados contratantes al otro, será juzgada ni castigada por ningún crimen o delito político, ni por ningún acto conexo con él, cometido antes de su extradición. Tampoco se acordará la extradición si la persona contra quien obra la demanda, prueba que ésta se ha hecho con el propósito de juzgarle o castigarle por un delito político o hecho conexo con él.

No se considerará delito político ni hecho conexo semejante, el atentado en cualquier forma y medio contra la vida de la persona de un jefe de Estado.

Si surgiere alguna cuestión sobre si un caso está comprendido en lo previsto en este artículo será definitiva la decisión de las autoridades del estado al cual se haga la demanda o que haya concedido la extradición.

El texto no admite dudas, el Estado requerido no debe, en la inteligencia del derecho, satisfacer las exigencias del Estado requirente cuando éste tiene como propósito perseguir a quien  milita políticamente, y aspira juzgarlo y sancionarlo por tal circunstancia.

Ya para ese entonces, se diferenciaba en Venezuela y los Estados celebrantes del tratado, el hecho punible ordinario de los hechos que derivan de la acción política, y se rodean los actos que tuviesen estas últimas   motivaciones altruistas o políticas, de un tratamiento diferente. No en vano se define el altruismo en el Diccionario de la Real Academia Española, como la diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio. El compromiso político es existencial. El hombre que lo asume adopta el riesgo de su vida por una mejor vida para los demás.

En esta línea tenemos que invocar, igualmente, la Convención sobre Asilo Territorial acordada en Caracas, en la reunión de la Organización de Estados Americanos celebrada en 1954.Examinemos, en el caso que nos ocupa, las disposiciones pertinentes:

Art. I. Todo estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno.

Art. III. Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos o delitos políticos.

Art. IV. La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos.

Art. XI. En todos los casos en que la introducción de una reclamación o de un requerimiento sea procedente conforme a este convenio, la apreciación de la prueba presentada por el Estado requirente dependerá del criterio del Estado requerido.

Es importante subrayar que Colombia firmó sin reserva el Tratado, el 28 de marzo de 1954, lo ratificó el 13 de noviembre de 1968, y lo depositó el 11 de diciembre del mismo año. Por su parte, Venezuela lo firmó sin reserva el 28 de marzo de 1954, lo ratificó el 15 de diciembre de 1954, y lo perfeccionó mediante depósito el 29 de diciembre del mismo año. Entonces, se trata de una Convención que obliga a ambos estados, habida cuenta de que los dos cumplieron rigurosamente con los requisitos establecidos por el Derecho Internacional, para hacerla norma jurídicamente perfecta.

En el orden sustantivo, cabe resaltar, por una parte, la enorme valoración que, mediante esta Convención, se imprime al  Derecho de Asilo Político en el continente, sus Estados y sus pueblos en acción política y, por otra parte, la reiteración de las facultades soberanas del Estado requerido, para estimar las pruebas ofrecidas por el Estado requirente, calificar la acción política o no de la persona requerida, y la adopción sin interferencias, de la libre decisión del otorgamiento del asilo.

Venezuela, además, ha sido tradicionalmente país receptor de contingentes migratorios políticos en diferentes momentos de su historia. Cuando se produjo el hecho conocido como  la masacre de las bananeras en Colombia, el 6 de diciembre de 1928, auspiciado por la United Fruit Company y ejecutado por el ejército de Colombia en una amplia extensión que tenía como epicentro el municipio de Ciénaga, donde se estima que murieron más de tres mil personas, Venezuela fue el lugar de destino de miles de trabajadores desplazados que buscaron empleo, salud, educación y mejores formas de vida. Venezuela se convertía así, en un buen vecino. Pero esa condición la extendió en el tiempo al vecindario cuando verdaderos genocidios se produjeron en centro y sur América.

Venezuela en la dogmática jurídica ha enaltecido en el orden interno al hecho político que se despliega con autenticidad, y rodea de garantías a quien lo ejerce. Sobre esta materia se ha legislado. Nuestro vigente Código Penal, en el encabezamiento de su artículo 6 establece:

La extradición de un extranjero no podrá concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no esté calificado de delito por la  ley venezolana.

(Omissis)

La expresión es categórica, no admite circunloquios ni dobles vueltas.  El ilustrado Estado de la República Bolivariana de Venezuela, si se apega con rigor a las disposiciones constitucionales y legales que conforman su plataforma  normativa, atiende las circunstancias particulares de este caso,  y es coherente con su prédica, está impedido por la ley y las razones  que acabamos de citar, de llevar a cabo un acto extraditorio de un perseguido político como Guillermo Enrique Torres Cuéter. Llevarlo a efecto se traduciría en la adopción de las vías de hecho desconociendo derechos, e igualmente rompería el pacto social constitucional que el pueblo en votaciones libres aprobó, y normas sustantivas y adjetivas que nos rigen. Además de ir a contracorriente de costumbres inveteradas que la República ha seguido.

Por otra parte, la legislación adjetiva, el Código Orgánico Procesal Penal, establece el procedimiento de extradición. Examinemos normas pertinentes al caso que nos ocupa:

Art. 386. Extradición Pasiva. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de una persona que se encuentre en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud a la Corte Suprema de Justicia con la documentación recibida.

Art. 387. Cautelar. Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin ladocumentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o la imputada, el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquél o aquélla. Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el juez o jueza que ordenó su aprehensión a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y a los derechos que le asisten.

El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.

El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de Relaciones Exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente

Art. 388. Libertad del aprehendido. Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación.

Art. 390. Procedimiento. Sólo cuando conste la documentación que soporte la solicitud formal de extradición del país requirente, el Tribunal Supremo de Justicia  convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado o solicitada. A esta audiencia concurrirán el o la representante del Ministerio Público, el requerido o requerida, su defensor o defensora y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días.

Se puede observar el quebrantamiento abierto de las normas que informan el proceso: A) La documentación judicial necesaria alude al delito imputado y los soportes que ilustran al Estado requerido acerca de la veracidad de los dichos del Estado requirente. Pues bien, los delitos imputados originalmente fueron el de extorsión y el de lesiones personales con fines terroristas, y de ningún modo se acredita que hubo un acto extorsivo, y la relación de causalidad entre el extorsionante y la persona extorsionada. Tampoco se acredita ninguna lesión, ni las circunstancias agravantes o calificantes, ni se dice si fueron lesiones leves, graves o gravísimas, ni se establece ninguna causalidad entre la acción lesionante y la víctima lesionada, ni se producen exámenes de medicatura forense u otros elementos ilustrativos. Además, y muy importante, tengamos presente que la legislación venezolana no tipifica el delito de lesiones personales con fines terroristas. Tal elemento teleológico es extraño al andamiaje jurídico venezolano, habida cuenta que, en la República Bolivariana de Venezuela, no se desarrolla un conflicto armado como el que experimenta la República de Colombia. El Estado requirente presentó un entresijo de papeles que implicarían a un sin número de personas en la comisión de un número indeterminado de delitos. De ningún modo se prueba que el señor Julián Conrado haya sido sujeto activo en un acto de esta naturaleza, ni haya sido cómplice, cooperador, ni auxiliador de los hechos imputados. B) Se establecen lapsos fatales para que el debate judicial se produzca, y para que, igualmente, se produzca el pronunciamiento judicial correspondiente. Del mismo modo, nuestra legislación adjetiva ordena al Tribunal Supremo de Justicia dictar la medida de libertad una vez que los lapsos hayan vencido. El examen de los hechos nos revela que los lapsos han sido ostensiblemente quebrantados en perjuicio del estado de derecho y de las leyes y, sobre todo, de la persona de Julián Conrado, ahora víctima como rehén, de una serie de hechos inadmisibles.

Como puede fácilmente entenderse, nuestro Código Procesal Penal determina condiciones de modo, tiempo y lugar para que se lleve a cabo lícitamente una extradición pasiva. Sin embargo, los hechos recaídos en la persona de Guillermo Enrique Torres Cuéter no están en correspondencia con el procedimiento que arriba transcribimos, ni con actos públicos, notorios y comunicacionales que se conocen abiertamente..

El asunto, en el orden del buen derecho, no queda aquí, hay más. El 22 de noviembre de 1969 se suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos en Costa Rica. Se le conoce de modo más extendido como el Pacto de San José. Se consagró en este acuerdo internacional el Derecho de Circulación y Residencia.

Artículo 22. Derecho de Circulación y Residencia

(Omissis)

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas.

El compromiso asumido por la República Bolivariana de Venezuela es ineludible. Libremente aceptó las normas que contiene el pacto, el cual ratificó mediante depósito el 9 de agosto de 1977 y, como estaba convenido, entró en vigor el 18 de julio de 1978.

Se incurriría en una grave violación de lo pactado si desconociendo su obligación, determinada en el artículo 1 de la Convención, el estado venezolano retorna al perseguido político y peticionario de asilo, al país que lo sigue, lo persigue y donde podría perder la libertad, su integridad personal y hasta la vida. El ilustrado Estado de Colombia como requirente conoce la materia, habida cuenta que ratificó el tratado el 31 de julio de 1973 y, en consecuencia, no podría válidamente pedirle a Venezuela que quebrante una norma que, en buen derecho, tampoco podría tal Estado  quebrantar, sin acarrear con las consecuencias que el Derecho Internacional a estos efectos dispone.

No se puede pasar por alto, en el marco de las normas internacionales, que fue en Bogotá, Colombia durante abril de 1948, que la Novena Conferencia Internacional Americana, aprobó la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, y se resaltó en el artículo XXVII, el Derecho de Asilo a quienes sufrieran persecución política.

SOBRE EL O LOS ESTADOS REQUIRENTES

Colombia suscribió la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su Constitución Política de 1991 también establece normas contentivas de Derechos Humanos, no obstante, se registra una diferencia sustancial con la República Bolivariana de Venezuela, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que las declaraciones se valoran y las normas se aplican. Todo ello nos lleva a afirmar, en el caso que nos ocupa, que el Principio de Doble Incriminación no se verifica o, de verificarse, se trataría de una doble incriminación relativa o impropia.

En efecto, Colombia, nuestra hermana, con el dolor de todos los dolores, experimenta un conflicto social y armado desde hace ya largo tiempo. Los hechos y el derecho se empalman como por arte de magia. Justamente, mientras se celebraba en su suelo la Novena Conferencia durante abril de 1948, es asesinado uno de sus líderes de mayor reconocimiento en la contemporánea América nuestra y excelente abogado: Jorge Eliécer Gaitán.

El hecho desencadenó una situación de violencia que trajo como consecuencia un número indeterminado de muertos y heridos, y podríamos afirmar en términos jurídicos que fue la causa eficiente para el inicio, desarrollo y continuación hasta los días que corren, de una guerra cuyo fin, a pesar de que lo aspiramos, no está tan cerca  de concretarse.

Se formaron las primeras guerrillas liberales en la región del Casanare así como también en Tolima y otros lugares. Campesinos se armaron y lucharon contra un ejército al cual finalmente despojaron de su panoplia, y acto seguido se estructuraron en organizaciones que tomaron posiciones para librar combates que no han cesado.

Diferentes movimientos han participado en el conflicto armado desde las primeras formaciones de las guerrillas campesinas. El Ejército de Liberación Nacional, el Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación, el M-19, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, y seguramente otras cuyos nombres no conocemos. Todas han planteado que buscan un cambio sustancial de la vida social, económica y política de la República.

Un ejemplo reciente es ilustrativo de nuestras afirmaciones: el caso Unión Patriótica.

Se trata, sin ninguna duda, de un movimiento conformado por militantes políticos que trataron de propagar sus ideas y opiniones en la calle, sus sitios de trabajo, los sitios donde estudian o en la plaza pública, y que realizaron actividades entre los estudiantes, o entre obreros, o maestros, o sindicatos de diferentes oficios, y otros que terminaron afiliándose como soldados en el conflicto armado. Los dirigentes de estos últimos han declarado sistemáticamente que se vieron envueltos en una guerra, ante la circunstancia de habérseles cerrado los caminos hacia una vida política abierta.

La Unión Patriótica fue un movimiento político democrático alternativo que fue ganando espacios en todo el territorio colombiano. Su crecimiento fue de tal magnitud, que llegó a ganar gobiernos locales y regionales, tuvo presencia activa en el parlamento, centros estudiantiles y sindicatos obreros y campesinos, y se estaba convirtiendo en una alternativa nacional para disputarle el poder a los partidos tradicionales. Esto  provocó temores en la clase que secularmente ha dirigido  la República, y su reacción desencadenó una acción policial y militar tan represiva, que significó tratos crueles y degradantes, tortura sistemática, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, y dejó más de mil seiscientos muertos cuyos nombres están registrados en el libro de Roberto Romero Espina: titulado Unión Patriótica: expedientes contra el olvido.

Julián Conrado parrandeando en su pueblo, Turbaco, en la época de militancia en la Unión Patriótica

Se trata de uno de los casos que está calificado en América Latina como Exterminio, o Genocidio por causas políticas. Diferentes organismos que han investigado la historia colombiana reciente, concluyen en que la muerte violenta de líderes comunitarios, humildes hombres y mujeres, campesinos y sindicalistas, estudiantes y niños, no se trató de asuntos aislados, sino de conductas sistemáticas y deliberadas. La mayoría de esas víctimas fueron capturadas, vestidas con prendas militares, y ejecutadas. Posteriormente el Estado informaba que eran guerrilleros muertos en combate. Entre los sobrevivientes de esta masacre está Julián Conrado.

Ahora bien, Tanto por casos antiguos de violencia, como por casos actuales, se ha planteado en diferentes ocasiones, la conveniencia de diálogos que experimentan diferentes metodologías.

Los diálogos de paz, en los términos que han sido establecidos, significan el reconocimiento de un conflicto armado, habida cuenta de que no tendrían razón de ser ni viabilidad sin la aceptación por los actores y factores involucrados, de la premisa de una guerra o conflicto pre-existente. La búsqueda de su cesación, y la fijación de los términos para el desenvolvimiento del oficio político, en el marco de unas reglas que sean la base para que el pueblo construya una acción encaminada hacia fórmulas democratizadoras con legitimidades inobjetables, constituyen las causas concurrentes de la acción dialógica.

La existencia del conflicto social y armado en Colombia ha dado lugar a una variedad de conversaciones, unas encubiertas y otros descubiertas que confirman nuestra opinión anterior. Los diálogos de La Uribe, los intercambios en la zona despejada de El Caguán, y los que se verifican por los días que corren en La Habana, Cuba, representan la búsqueda incesante de la superación del conflicto social, cultural y armado, mediante la creación de una plataforma de paz aspirada, que sea la base para el desenvolvimiento real de una sociedad democrática y democratizadora.

Por otra parte, el ilustrado Estado de Los Estados Unidos de América, según los registros del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Dirección de Contrainteligencia Militar, que aparecen en el folio 14 es, igualmente, Estado requirente. Textualmente se expresa que Guillermo Enrique Torres Cuéter “es requerido por la justicia Colombiana y Estado Unidense”. En este orden, vale poner de relieve que el sitio web del Departamento de Estado remite al  programa de recompensas de Estados Unidos de América ( Narcotics Rewards Program ) y se pone en evidencia, la oferta de hasta cinco millones de dólares por una captura como la de Julián Conrado. De hecho, en la misma página se registra como capturado el nombre de Guillermo Enrique Torres Cuéter

TORRES CUÉTER NO ES EXTRADITABLE Y TIENE DERECHO AL ASILO

La aprehensión de Julián Conrado se produjo en extrañas circunstancias el 31 de mayo del pasado año 2011, en el pueblo de Altamira de Cáceres en el Estado Barinas. Desde la madrugada de ese día lo esposaron con las manos atrás y le vendaron los ojos, lo trasladaron a un aeropuerto, lo montaron en un avión que llegó al aeropuerto de La Carlota, fue insistentemente interrogado hasta que declaró que no era Diego, como se había presentado, sino Julián Conrado.

En las condiciones descritas permaneció seis días aproximadamente. Posteriormente le quitaron las esposas y el vendaje, pero seguía incomunicado. Sólo se rompe la incomunicación y se permite acceso a sus abogados, el día 4 de agosto cuando habían transcurrido sesenta y cuatro días de una captura cuyo motivo se desconocía, y es en ese momento presentado al tribunal vigésimo sexto de primera instancia en función de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas.

Torres Cuéter fue víctima de continuadas acciones ilícitas a todas luces ajenas al ordenamiento adjetivo venezolano. No se identificaron los captores, ni se sabía a que grupo u organización o institución pertenecían, ni sus nombres, ni sus nacionalidades, ni nada, no se le informó cuál era el delito que se le imputaba, no se conocía su paradero, nadie sabía si estaba vivo o muerto, sólo se sabía que estaba desaparecido, no se sabía, en fin, cuál era en ese momento, o cuál sería su destino. ¿ Se trataría acaso de un secuestro ordinario, o acaso una extradición sin cumplir con los extremos que la ley predispone? De hecho, sólo habían pasado días que había sido extraditado, sin cumplir las normas que gobiernan la materia, el Señor Pérez Becerra de nacionalidad sueca y origen colombiano, y bastó únicamente la aparición de su nombre en una lista de INTERPOL.

Cualquier persona sensata tiene que preguntarse, ¿ Quién hará esa lista? ¿Dónde estará la lista ?  ¿ Quién tendrá acceso al conocimiento de esa lista ?  y sobre todo, cuál es el valor jurídico que alguna norma le atribuye. Creemos firmemente que el delito tiene que ser perseguido, pero no creemos que todos los que habitamos sobre este planeta seamos sospechosos sin saberlo.

Torres Cuéter fue apresado el 31 de mayo, pues el primero de junio, oficialmente, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia declaraba en comunicado que fue recogido en los medios nacionales e internacionales en los siguientes términos:

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que el día 31 de mayo de 2011, fue detenido en el estado Barinas el ciudadano de nacionalidad colombiana Guillermo Enrique Torres Cuéter, cédula de ciudadanía colombiana número 9.281.858, de 57 años de edad quien era requerido por los órganos de justicia de la República de Colombia,  mediante difusión roja de INTERPOL, de fecha 23 de julio de 2002.

Al respecto, una vez practicada la detención del referido ciudadano, se informó a las autoridades del gobierno de la República de Colombia, y se iniciaron los trámites correspondientes para colocarlo a la orden de la justicia de ese país, según los procedimientos correspondientes”. ( ver, entre otros, del 1 de junio de 2011, Diario El Nacional, Patria Grande. Oficina MINCI, Globovisión.com, Las noticias de Cojedes, NoticiasVE.com, Ciudad CCS, RUNRUNES de Nelson Bocaranda de 7 de junio de 2011).

Mientras tanto, en Colombia también se daba la noticia, y el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, declaraba durante la ceremonia de graduación de oficiales en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba,  en estos términos: “Se capturó a este narcoterrorista de las FARC, alias Julián Conrado, que le decían el Cantante”. Santos recordó, según la noticia, que en 2008 se creyó que Conrado había muerto en el bombardeo que el ejército colombiano lanzó sobre el campamento de las FARC en Ecuador y en el que murió el entonces segundo al mando de esa guerrilla, Raúl Reyes.

Por su parte, El Tiempo.com daba cuenta de las declaraciones del jefe de la policía con más alto rango, quien se pronunciaba del modo que sigue, según la grabación registrada: “ el General Oscar Naranjo, Director de la Policía, indicó que se pagará recompensa a varias fuentes que colaboraron para la captura de Conrado”. En el mismo medio de comunicación, el mismo General expresó: “ También está requerido por la justicia de los Estados Unidos que ofrecía una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que permitiera su captura”.

El Colombiano.com del 27 de julio de2011 publica otras declaraciones del General Naranjo: “He recibido informaciones de nuestro servicio de investigación criminal y de inteligencia, que se pagarán varias fuentes que colaboraron en el proceso de localización de alias Julián Conrado. Señaló que en este caso particular, Julián Conrado hace parte del programa de recompensas de los Estados Unidos de primer nivel. Los Estados Unidos tenía a este individuo entre los terroristas más buscados del mundo”.

En el registro de INTERPOL bajo el número de control A-706/7-202 de fecha 23 de junio de2002, folio 16 del expediente se lee: Torre Cuéter y otros miembros de la organización terrorista FARC-EP ( Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del pueblo), participaron en los siguientes hechos: 1) octubre de 1999: extorsión de 200 millones de COP a un ciudadano colombiano a través de llamadas telefónicas, 2) Parranda Seca, 9 de junio de 2001; ataque armado contra miembros del ejército resultando heridos dos soldados. Calificación del delito: Lesiones personales con fines terroristas.

Ahora bien, en la solicitud que formaliza el Estado colombiano, proveniente de la Dirección de Fiscalías. Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, folio 82, en ninguna línea de ese escrito se hace referencia al delito de extorsión, ni quien es el extorsionado, ni el objeto del acto extorsionador, ni nada. Tampoco se dice nada respecto a algún ataque llevado a cabo en Parranda Seca, ni quien lo llevó a cabo, ni quienes fueron los atacados, ni a la derivación de muertos o heridos en el ataque, ni a lesiones personales leves, graves, o gravísimas, ni se refiere a circunstancias agravantes o calificantes de las mismas.

No hay ninguna concordancia entre las imputaciones hechas contra Torres Cuéter en el registro de INTERPOL con alerta roja, que corre inserto en el folio 16 y  que provocaron una serie de acciones consecutivas de los órganos de seguridad del  Estado venezolano, con el escrito formalizado el 30 de septiembre de 2011  por el ilustrado Estado colombiano ante la cancillería en Caracas, en el cual refieren delitos absolutamente distintos. Esto constituye una grave inconsistencia en el orden penal internacional, que vicia, sin lugar a dudas, el procedimiento de extradición iniciado por el Estado requirente, e impide al estado Requerido satisfacer las pretensiones que ha planteado.

Veamos ahora el cambio del Estado requirente en la calificación de los delitos. Se pasa mediante un salto aparatoso, de la extorsión y las lesiones personales con fines terroristas, a los delitos de reclutamiento ilícito y desaparición forzada de personas, lo cual es indebido o ilícito respecto del procedimiento, habida cuenta de que el Estado requerido esperaba la documentación judicial necesaria respecto a los delitos imputados en las curiosas listas de INTERPOL y no otros, y tal documentación no se produjo. Se produjo otra con delitos distintos pero con debilidades aún mayores por el uso de expresiones generales y vagas, y sin ninguna relación de causalidad entre los hechos imputados y la persona a quien se le endilga la conducta sancionable.

El reclutamiento ilícito referido en la solicitud de extradición (folio 82) radicado bajo el número 4219, está asociado a Rigoberto Higuita Graciano quien ingresó al Frente 5 de las FARC  en el mes de marzo de 2003, en la zona de Buriticá, Antioquia, siendo menor de edad.  Se organizó una fiesta por parte de los integrantes de la guerrilla, siendo convidado por los sujetos conocidos con los alias Patiño y Martín. Por ninguna parte aparece el nombre de Torres Cuéter ni tampoco el nombre con el cual es socialmente conocido de Julián Conrado. Entonces ¿ qué relación de causalidad hubo entre el reclutante y el reclutado ? Además, la recluta sólo puede ser llevada a efecto por el Estado, excepto que se admita por el ilustrado estado de Colombia, la existencia de un conflicto armado cuyos actores la practican para aumentar sus efectivos en combate.

El delito de Desaparición Forzada de Personas al que alude el Estado colombiano (folios 96 y 83), está tipificado en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas adoptada en Belem do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, y la causa está radicada en el Estado requirente bajo el número 4262 relacionada con investigaciones y hechos acaecidos en el año 2000 cuando Bibiana Carmenza Pérez Muñoz y Flor Daney Arango Agudelo quienes formaron parte según el expediente  (folio 83), del Frente 47 de las FARC eran menores de edad.

Ex integrantes de la organización guerrillera declararon, según lo plasmado en el expediente, que estuvieron en los mismos sitios con ellas, y afirman que “las menores pudieron ser fusiladas por órdenes de alias Marcos quien fungía como comandante interferente”. En el caso de Bibiana Pérez Muñoz los mismos declarantes hacen “alusión a su posible fusilamiento”. Posteriormente, órganos de seguridad  del estado colombiano nada dicen respecto a Bibiana Carmenza Pérez y  plantean que Flor Arango Agudelo “al parecer fue fusilada”. Atendiendo los valores, principios y normas que informan al derecho, no se puede condenar a alguien con esas expresiones generales y vagas. No se sabe si estas jóvenes están muertas, y si lo estuviesen, en que condiciones se produjo la muerte, y mientras documentalmente no se fundamenten sus decesos, tenemos que presumirlas vivas. Esta afirmación es en derecho, inobjetable.

Tal vez el ilustrado Estado de Colombia quiso referirse a casos que sí están debidamente documentados,  que fueron presentados en el Informe Final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia. El documento revela las ejecuciones extrajudiciales que se han llevado a cabo contra niños y niñas que después son presentados como guerrilleros muertos en combate. “ Lo que constituye una violación a la Convención de los Derechos del Niño, que en su artículo 6 impone a los Estados la obligación de respetar y garantizar el derecho intrínseco a la vida ”.

El Informe nos proporciona casos concretos que no admiten dudas sobre ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de niños. Presentemos sólo algunos de ellos:

“el 29 de noviembre de 2006 en la vereda Maracaibo del municipio de Rioblanco ( Tolima ) fueron ejecutados Eremildo Valero Bedoya, Virginia Hernández Valero de 16 años de edad, y Abelino Rada Vargas de 17 años por miembros del Ejército Nacional adscritos a la Brigada Móvil No. 8. Eremildo Valero era Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Maracaibo y los niños estudiaban en el Centro Educativo José María Córdoba. ”

“ El 27 de septiembre de 2007, en la vereda Maracaibo…fue ejecutado Jhon Jairo Valero y herido el niño Andrés Mendoza de 15 años de edad por miembros del Ejército Nacional “

“ El 14 de mayo de 2005, en el Municipio de Valledupar ( Cesar ) fue ejecutado extrajudicialmente el niño Frank Enrique Martínez, de 17 años de edad por miembros del Batallón de Artillería No. 2 del Ejército Nacional…El niño sufría de discapacidad mental desde los tres meses “

“ Además los niños, niñas y jóvenes son sometidos por parte de la fuerza pública a presenciar las ejecuciones extrajudiciales de sus padres, conducta que constituye tortura sicológica, y además son forzados a suministrar información sobre miembros de la comunidad involucrándolos en el conflicto armado ”

Los hechos narrados en el expediente, y que este escrito reproduce, nos llevan de la mano a asegurar, por una parte, que Colombia es el escenario de una guerra, y que los niños han sido víctimas de la fuerza pública y han sido presentados, además,  como guerrilleros, y por otra parte,  que el ilustrado Estado de Colombia no ha presentado evidencias que comprometan a Guillermo Enrique Torres Cuéter, con actos de reclutamiento ni con desaparición forzada de personas y, en lo que concierne al derecho, todo hace pensar que la comparación del andamiaje legal venezolano con el colombiano en materia de extradición tiene diferencias sustanciales que apuntan a la inexistencia de una doble incriminación o, de haberla, sería calificada como relativa o impropia.

La República Bolivariana de Venezuela no extradita a sus nacionales. El Artículo 69 de la Constitución de la República establece: “ Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”, en este sentido, cualquiera que sea el presunto delito cometido por una persona nacida o naturalizada en el país, son los tribunales de la República los competentes para juzgar, absolver o condenar  a un imputado. En la Constitución colombiana de 1991 se establecía en su artículo 35: “Se prohíbe la extradición decolombianos por nacimiento”. No obstante, las sucesivas enmiendas que ha tenido esta carta magna, han permitido la extradición de sus nacionales y el juzgamiento por tribunales extranjeros.

De este modo el Estado colombiano ha abdicado un elemento sustancial de su soberanía, asociado a la entrega de sus compatriotas que realizan actividad política, a la persecución, captura y juzgamiento por parte de autoridades policiales o militares extranjeras, que no llevan el gentilicio de Colombia y, en la misma ruta, se permite que magistrados extraños a su país, desarrollen juicios y dicten sentencias contra sus connacionales extraditados. De este modo se contraviene el principio de ser juzgado sólo por sus jueces naturales

Venezuela prohíbe, la extradición de venezolanos, e igualmente, tiene políticas restrictivas para la extradición de extranjeros perseguidos por delitos políticos. Así se ha establecido tanto en su legislación interna como en los tratados internacionales libremente ratificados por la República. Además, como antes se dijo, es una costumbre inveterada recibir perseguidos políticos de diferentes procedencias. Extradición y asilo han sido una moneda con dos caras. De hecho ha sido así. Empero, Colombia no ha sido país receptor sino expulsor por diferentes causas, de políticos que se han visto desplazados dentro de su territorio y fuera de él, y aún más, como acabamos de decir,  ha abdicado el juzgamiento de sus nacionales que han ejercido el oficio político.

El caso de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, mejor conocido como Simón Trinidad es ilustrativo de las afirmaciones hechas antes. Fue profesor de Historia Económica de Colombia en la Universidad Popular del Cesar, e integró la primera militancia de la agrupación política Unión Patriótica durante 1985. Participó en reuniones, manifestaciones, huelgas campesinas, e intervino en muchas de esas actividades como orador y organizador. Sin embargo, fue permanentemente hostilizado y buena parte de sus compañeros heridos, exiliados o muertos. Bajo esas circunstancias decidió hacer la política por otros medios y se incorporó a las FARC.

Como combatiente participó en acciones propias del conflicto social y armado, y también fue interlocutor por su organización en los diálogos de paz en San Vicente del Caguán. Su captura se produce en Quito, Ecuador, durante enero de 2004, y enseguida es deportado a Colombia, y el mismo año extraditado a los Estados Unidos de América para que se le siguiera juicio. Culminó en Estados Unidos la querella imponiéndole una condena de sesenta años de prisión, a pesar de que se desestimó lo concerniente al tráfico de estupefacientes. La condena  de sesenta años a un hombre de cincuenta y siete años de edad constituye, sin duda, un modo de cadena perpetua, (hasta después de su muerte) aun cuando no se le califique de este modo. Desde su captura hasta el presente ha estado incomunicado, aislado, bajo condiciones de máxima seguridad y sin ver a nadie, excepto a sus custodios.

Pues bien, así como se produjo una acción alejada de todo derecho en el caso de Simón Trinidad, podría producirse lo mismo en el caso de Julián Conrado, de practicarse una extradición al Estadocolombiano y, éste a su vez lo extradite a los Estados Unidos de América, donde confiesan que lo requieren. En esta línea de pensamiento se refuerza nuestra opinión respecto a la valoración de la doble incriminación y su invocación en el caso de Julián Conrado y su circunstancia frente al país requerido y el país requirente.

La doble incriminación como principio, no es posible trabajarla en un nivel de abstracción tal, que signifique su desdibujamiento. Ella tiene sentido como fundamento del acto de extradición cuando se analiza en las condiciones de modo, tiempo y lugar que rodeen el hecho concreto y los efectos que se derivan del mismo. Entre Colombia y Venezuela lo que se revela, repetimos, es la inexistencia de una doble incriminación o, de haberla, sería calificada como relativa o impropia, que es una base muy débil para declarar la procedencia de un acto de extradición en los términos que están planteados.

CONCLUSIONES

Hemos demostrado que el ilustrado Estado de Colombia no probó, ya que no tenía ningún fundamento, que Guillermo Enrique Torres Cuéter haya cometido los delitos de extorsión y lesiones personales con fines terroristas que originalmente le imputaron.

Hemos demostrado que el ilustrado Estado de Colombia no probó, ya que no tenía ningún fundamento, que Guillermo Enrique Torres Cuéter  hubiese tenido alguna participación en el delito de reclutamiento ilícito de menores, y que, de hecho, no conoció ni conoce al ciudadano Rigoberto Higuita Graciano quien fue objeto del hecho imputado. Además, tales imputaciones fueron extemporáneamente presentadas.

Hemos demostrado que el ilustrado estado de Colombia no probó, ya que no tenía ningún fundamento, que Guillermo Enrique Torres Cuéter, hubiese tenido alguna participación en el homicidio imputado, toda vez que no se sabe si hubo algún homicidio, ni que haya una relación política, o de algún otro tipo con Bibiana Carmenza Pérez y Flor Arango Agudelo como las presuntas víctimas de un delito que presuntamente existió,  y un presunto victimario. Todo, un verdadero absurdo.

Hemos demostrado que la República Bolivariana de Venezuela practicó una privación de libertad en extrañas circunstancias, y quebrantó mediante sus tribunales los procedimientos que informan el mandamiento de Habeas Corpus que, en su momento se planteó.

Ha quedado demostrado que el principio de Doble Incriminación, fundamental para que proceda la extradición entre la República Bolivariana de Venezuela y el ilustrado Estado de Colombia, en este caso no se aplica, habida cuenta que las características de una y otra regulación en la materia son diferentes, tomando en cuenta tres elementos esenciales: A) Las condiciones de modo, tiempo y lugar de imposición de las normas en Colombia, se verifican en medio de un conflicto armado de larga duración, cuyo régimen está gobernado por las reglas del Derecho Internacional Humanitario en situaciones de guerra interna. Este no es el caso de la República Bolivariana de Venezuela. B) Las recompensas para conseguir vivo o muerto a un prófugo de la justicia que es práctica habitual en el ilustrado Estado de Colombia, no está aceptado por los valores, principios y normas rectoras de la República Bolivariana de Venezuela. C) La extradición de nacionales que hubiesen cometido delito es una práctica fundada en la legislación y jurisprudencia del ilustrado Estado de Colombia, configurándose una abdicación de la soberanía en lo concerniente a la administración de justicia. En la República Bolivariana de Venezuela, la extradición de nacionales está expresamente prohibida por la Constitución y las leyes. Por otro lado, constituiría una acción repugnante para una sociedad que ha reivindicado un compromiso esencial de soberanía.

PETICIÓN

Sobre la base de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los Tratados Internacionales libremente ratificados por la República, la legislación sustantiva y adjetiva que gobierna la materia, la costumbre inveterada del  Estado venezolano en casos semejantes, materias que hemos plasmado en los planteamientos que hemos avanzado, pedimos al Tribunal Supremo de Justicia:

Que ordene la revocatoria de la inconstitucional, ilegal e injusta medida de privación de libertad que recae en la persona de Julián Conrado, tomando en consideración los consecutivos y continuados actos arbitrarios alejados de toda normativa, y la condición de víctima de los hechos inauditos que hemos narrado.

Que decida la improcedencia de la extradición de Julián Conrado, habida cuenta de que no se han cumplido por el ilustrado Estado de Colombia, los requisitos impretermitibles que gobiernan la materia, y que Julián Conrado es una persona no extraditable porque no ha cometido ningún delito, y sobre él se ha desencadenado una ilegal e injusta persecución política.

Que ordene la inmediata libertad de Julián Conrado con fundamento en las normas reguladoras de la materia, contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que establecen como facultad indelegable del Tribunal Supremo de Justicia, la expedición del mandamiento de excarcelación correspondiente.

Solicitud de ASILO hecha en el 2011

Que impulse al Poder Ejecutivo, en el orden de la cooperación constitucional entre los poderes, para que  concrete el otorgamiento del asilo que ha sido solicitado, o que ofrezca las facilidades para que un Estado digno del continente lo admita como asilado dentro de su territorio, toda vez que Julián Conrado es sin sombra de dudas, un perseguido político.

Justicia que esperamos en nombre del pueblo al que decimos representar.

En el lugar y fecha de su presentación

Freddy Gutiérrez Trejo                                                     

Hugo Martínez Zúñiga

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Julián Conrado le escribe a los pueblo del mundo a 2 años de su ilegal presidio

La Carraca de Caracas

31 de mayo de 2013-05-31

LA SOLIDARIDAD ES MI CERTEZA

Hermanas y hermanos con la causa por mi libertad y asilo político:

Un abrazo de corazón; ahora recuerdo los nombres de James Petras, Anita Leocadia Prestes, Ivan Pinheiro, Istvan Mezaros, Jean Salem, Néstor Kohan, John Catalinotto, Henri Alleg, Teresa Forcades, Luis Brito García, Vladimir Acosta, Hindu Anderi, Lil Rodríguez… bueno, son muchísimas las personas de los pueblos del mundo, así como organizaciones políticas, sociales, culturales, religiosas y defensoras de los Derechos Humanos, entre la que se encuentra FUNDALATIN, a quienes tengo que agradecer su voz de aliento moral.

Mi soledad de preso se hace menos dura gracias a esa solidaridad.

Este 31 de mayo se cumplen dos años de mi ilegal e ilegitima captura en la República Bolivariana de Venezuela. No se explica el por qué, si ya la Fiscal General de la nación, Dr. Luisa Ortega Díaz, manifestó que mi extradición no es procedente, no se ha procedido aún con mi libertad y asilo como corresponde en derecho. El propio Comandante, el gigante Hugo Chávez, expresó que, así como el gobierno colombiano otorgo asilo a Pedro Carmona Estanga, el gobierno venezolano también podía, en ejercicio de su soberanía, hacerlo conmigo.

En otros tiempos Venezuela, en cumplimiento de sus leyes, tratados y acuerdos internacionales con que está comprometida, dio asilo a perseguidas y perseguidos políticos de otros países… Aunque yo, en verdad más que un perseguido político, soy un perseguido cantor, como Alí Primera, Víctor Jara, Benjo Cruz, Carlos Puebla, Mercedes Sosa; y también Silvio Rodríguez, Vicente Feliú, Gerardo Alfonso, Daniel Viglietti, Gloria Martín, Carlos Ruíz, Lilia Vera, La Chiche Manaure, Amaranta Pérez y tantas, y tantos que hemos tenido el valor de cantar verdades de nuestros pueblos.

Desde mi encierro, en esta jaula de acero y cemento, que no merece ningún cantor de los pobres de la tierra, pido al Bravo Pueblo venezolano y a todos sus poderes, me devuelvan mi libertad y concedan el asilo, es decir, que se actúe en consecuencia con la estricta justicia y los principios revolucionarios, socialistas y bolivarianos. La Patria de Simón Bolívar, Alí Primera y Hugo Chávez, no puede ni debe continuar sirviendo de prisión para quienes, como yo, hemos dedicado toda la vida, a cambio de nada personal, a la lucha por la más bella y noble de las causas humanas: La igualdad social, única posibilidad real de alcanzar la verdadera Paz.

La V República, la Venezuela nueva, la Patria Buena, jamás, pero jamás de los jamases, puede ni debe entrar en la historia del funesto Plan Cóndor revivido. Sería el más ignominioso disparate que pudiera ocurrir en este esperanzador cambio de época que se vive en Nuestra América: algo es lo que es, gracias a su calidad y si pierde su calidad, deja de ser lo que es.

Hermanas y Hermanos solidarios de todos los países, su solidaridad es mi certeza, solo ella puede impedir que no calle el cantor.

Reitero: pase lo que pase, nunca renunciaré, jamás, a mis ideales de Paz con Justicia y Amor. “Que en cualquier lugar donde me sorprenda la muerte” moriré como el carpintero de Nazaret, cantando la verdad…

¡Soy todo agradecimiento, otro fervoroso abrazo!

¡AMANDO VENCEREMOS!

Julián Conrado

PD de Don Quijote: “Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal y el bien sean durables, y de aquí se sigue, que habiendo durado mucho el mal, el bien esta ya cerca”

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Julián Conrado: La verdad Aporrea y Aporrea es la verdad

Mayo 2013

La carraca de caracas

La verdad Aporrea y Aporrea es la verdad.

 

Hermanos y hermanas de Aporrea: Con motivo de su cumpleaños número once les envió, desde mi prisión, trinchera de versos libertarios, un caluroso abrazo y felicitaciones por tan valerosa labor en pro de la verdad.

Contar con una tribuna, como aporrea, donde la verdad se puede expresar sin tapujos es un gran logro en la lucha por la salvación de nuestro planeta tierra y la liberación de la humanidad de la esclavitud capitalista.

Nada aporrea tan fuerte a los enemigos de la paz con justicia y amor, como la verdad. Solo a partir de la verdad podemos, quienes suspiramos por tan bello y noble ideal, lograr una real comunicación, base fundamental para poder organizarnos y luchar unidos, con fuerza. La mentira incomunica y, por supuesto, nos divide y debilita.

La verdad es el arma principal de la revolución y aporrea es la verdad, hay que buscarla, decirla y defenderla cueste lo que cueste.

Particularmente les agradezco, de todo corazón su solidaridad conmigo en la causa por mi libertad y asilo político.

Para festejar el cumpleaños los invito a escuchar mi canción “Señor Periodista”

¡Amando Venceremos!

Julián Conrado.

…“Esta es para decirle señor periodista

Respecto a lo que dicen sus noticias

Si levantarse contra la injusticia

Es terrorismo yo soy terrorista.

Señor periodista entre comillas

Váyase ¡AL CARAJO! Con sus mentiras

Si no sabe que significa dignidad

Quede se alla en su charca de inmoralidad

Si no tiene el valor de un patriota verdadero

Gallina vieja busque el gallinero porque un

Periodista de verdad, verdad la verdad

Es que siempre dice la verdad”.

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POR QUÉ ME LLAMO JULIÁN CONRADO (+Video)

Solidaridad con Julián Conrado desde Galicia

Carraca de Caracas

Agosto 2012

 

Una tarde de 1982, en Cartagena de Indias, durante un ensayo del grupo musical dirigido por Mariano Pérez, del cual era yo su vocalista, se presentó un joven de agradable trato; nos dijo ser estudiante de medicina de la Universidad de Cartagena, que también era compositor y quería que le escucháramos algunas de sus canciones, pues estaba interesado en que incluyéramos, así fuera una, en el repertorio de nuestra próxima grabación. El joven dijo llamarse Julián Conrado David.

Para esa época Mariano y yo habíamos grabado para la casa disquera “Codiscos” un L.P. titulado “El Nuevo Rey Sabanero”, que tuvo amplia difusión y acogida por el público, especialmente, de la costa norte colombiana donde, para ese entonces, se escuchaba más la música de acordeón. Así que muchos de los nuevos compositores nos buscaban para que interpretáramos sus canciones. Total es que luego del ensayo, mientras nos refrescábamos tomándonos unas cervezas bien frías, Julián tomó la guitarra y se echó a cantar:

“Yo sentí en mi corazón

Un intenso palpitar

Y al no comprender la razón

Hasta me llegué a asustar.

Como no le encontraba explicación

A esto que me estaba pasando a mi

Por poquito voy a donde el doctor

Porque pensaba que me iba a morir…”

 

Julián fue aplaudido con alborozo por el grupo de parranderos entre los que alcanzo a recordar a los beisbolistas Bartolo Gaviria, Abel Leal y Rafael Miranda, a los locutores Pedro Pérez Barrios, Oswaldo Jiménez, Mike Viloria y Miguel Lara, los folcloristas Devaloy Acuña y Feliz Megía, los músicos Adelcio Medina, Enrique Bosa, Rafa Estapanía, Julio Rocar, Ramón Pescao y Pacho Pérez, entre otros; además de los vecinos que habitualmente se congregaban para observar los ensayos. Los aplausos significaban que la canción quedaba aprobada para ser incluida en el nuevo repertorio. Julián festejó con risa franca y alegre y aquél lugar se sintió iluminar con su extraordinaria energía amorosa.

A partir de entonces nació mi amistad con Julián Conrado, amistad que creció más cuando descubrimos que los dos teníamos el mismo ideal de libertad, de justicia, de igualdad social, de paz; aunque manifestó no militar en ninguna organización política. Yo si venía de militar con mi canto de rebeldía revolucionaria en el Partido Comunista Marxista-Leninista, el Partido Socialista de los Trabajadores, en el Frente Democrático, en la Unión Nacional de Oposición; y militaba entonces en la Juventud Comunista. Soñaba, como Gaitán y el Padre Camilo, con la unidad del pueblo y sus organizaciones para conquistar la paz con justicia social.

Mis encuentros con Julián continuaron en la sede de los ensayos, que era el taller de arreglo de acordeones de Mariano: Musicosta. Hablábamos de canciones, parrandas, amores y, por supuesto, de la terrible situación de hambre y miseria que sufría (y aún sufre) la inmensa mayoría del pueblo, así como de los métodos violentos que empleaba el régimen para reprimir la inconformidad.

En 1983 Julián partió al municipio de San Carlos, departamento de Antioquia, donde debía realizar el año rural como médico. Pronto se ganó el cariño de los pobladores de la región que atendía en el puesto de salud, especialmente de los más pobres, a quienes no le cobraba nunca la consulta y más bien les daba dinero de su propio bolsillo para que pudieran comprar las medicinas que les recetaba.

Fue esa hermosa virtud de servicio desinteresado a los empobrecidos la causa fundamental para que Julián fuera considerado, por la inteligencia militar del Estado, un peligroso enemigo del régimen que lo declaró objetivo militar. Ese mismo año fue cobardemente asesinado por sicarios que, luego de consumado el crimen y al verse perseguidos por pobladores indignados, se refugiaron en el cuartel de Policía, algo muy común en Colombia…

El pueblo de San Carlos, con el cadáver ensangrentado de su amado Julián a hombros, marchó envuelto en la más profunda tristeza por las calles de la población y, enardecido, exigió justicia; pero que va, esta manifestación también fue reprimida brutalmente por el Ejército y la Policía.

En Cartagena el movimiento estudiantil también realizó manifestaciones denunciando el crimen y pidiendo justicia.

La respuesta fue la misma: represión violenta.

Yo, en homenaje a mi gran amigo, compuse la canción semilla de libertad:

Ahora le voy a cantar a ese amigo tan querido

A ese que un sicario a tiros por la espalda asesinó

Y que allí donde calló su sonrisa ha florecido

Y como el Che y como Camilo su figura agigantó

Es que cuando los hombres son, hombres verdaderamente

Ni se mueren ni se entierran, se siembran para perdurar

Y es por eso que Julián, ¡presente, presente, presente!

Siempre vivirá en mi mente, convidándome a luchar

 

CORO:

Julián Conrado no está enterrado

Julián Conrado no se ha olvidado

Julián Conrado está sembrado

Como semilla de libertad.

 

Flores de la juventud de este pueblo colombiano

Por vientos huracanados cuantas vemos destrozar

Pero ya se va a acabar infierno tan inhumano

Y viviremos como hermanos como lo soñó Julián.

Bandera de revolución será su eterna alegría

Y con la brisa de los días la vamos a ver flamear

Si más sangre hay que derramar pa’que la obra sea construida

Pues más sangre será vertida el pueblo no la va a negar

 CORO

 

El terrorismo de Estado siguió cobrando cada vez más y más víctimas: persecuciones, detenciones, torturas, desapariciones, asesinatos selectivos, masacres, etc. Reclamar nuestros derechos como pueblo, pacíficamente, en el marco de la legalidad, era un suicidio.

A mí, luego de sufrir cárcel, torturas, atentados, y ver caer asesinados a uno y otro, y otro y otro camarada, amigo y amiga, no me quedó otro camino que el de las montañas guerrilleras. Era la única forma de vivir con dignidad, sin callar las verdades de mi canto que son las verdades de mi pueblo. Es cuando tomo el nombre de Julián Conrado David, no para ocultar mi verdadera identidad, sino para rendirle honores hasta el último verso de mi vida a ese gran amigo mío, de tan hermosa calidad humana.

¡Amando Venceremos!

Julián Conrado

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Julián Conrado: que no calle el cantor

 Por: Virginia King

Cuando hablamos del camarada Julián Conrado, lo asociamos con nuestras luchas, con nuestros sueños, y con la ternura. Parecería contradictorio, que un integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC nos motivara ese tipo de apreciación… Y es comprensible si lo vemos con el lente del opresor, del fascista, de los que yo he llamado “los enajenados”. Pero es que estamos hablando de Julián Conrado, aquel que, motivado por la necesidad de justicia social para su país, en principio y para el resto de los países de su América Latina más adelante, ingresó a la guerrilla en el año 1.983 a la edad de 29 años luego de una travesía en movimientos de izquierda desde 1965. En esa oportunidad comentó: “En Colombia es más fácil organizar una guerrilla que una junta de acción comunal”, misma frase que ‘Conrado’ le dijo a su madre, para justificar su ingreso a las Farc.

Tenía una marcada influencia del cura Camilo Torres. Sigue leyendo

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